Este «aporte» a la ley chilena de Propiedad Intelectual, que seguramente afectará a los consumidores que se verán obligados a pagar un sobreprecio por estos productos, es promovido por la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), pero ha generado fuertes discusiones en blogs especializados y una férrea oposición de la ONG Derechos Digitales, que lo ha calificado de inconstitucional.
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