El Estado venezolano y compañías de telefonía móvil privadas y públicas acordaron una regulación de la «emisión de mensajes de texto», enviados por las operadoras o por terceras empresas. El proyecto prohibirá la difusión de propaganda y de contenidos que inciten a la violencia. La norma no aplica a aquellos de carácter personal que son enviados entre usuarios.
La norma indica que los usuarios que suscriban contratos de servicio con las operadoras, se comprometen a no enviar mensajes que instiguen al delito, explicó la jefa de División de Interconexión de Conatel, Irene Torres. El envío de mensajes que llamen a la comisión de algún tipo de instigación, pueden constituir una ilegalidad.
«Sin embargo, no hay la intención ni el mecanismo para controlar, espiar o ver el contenido de los mensajes que emiten las personas», aclaró la representante del ente regulador venezolano.
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